Me ha parecido que un artículo escrito en ABC con
motivo del trigésimo aniversario de "La marcha verde" escrito por el
otrora embajador de España en Marruecos Fernando
Arias-Salgado es lo
suficientemente lúcido y completo como para no buscar más información sobre el
acontecimiento. Entonces lo reproduzco en su mayor parte tal y como lo he
encontrado en Internet, ya que no le falta ni le sobra ni una coma, y el resto
de información que he recopilado sobre el asunto aporta poco o nada a esta
reflexión de alguien que lo vivió en primera persona.
"EL 6 de Noviembre
de 1975 el Rey Hassán II de Marruecos decidió desafiar a las
Naciones Unidas y a la legalidad internacional de la descolonización lanzando
una marcha -«la
Marcha Verde »- de 350.000 civiles desarmados hacia
el Sahara Occidental para recuperar el territorio. Esta marcha se realizaría
bajo la protección del Ejército
Real marroquí. Esta decisión, que había sido anunciada personalmente
por el Monarca el 16 de Octubre de 1975, se basaba en una interpretación
arbitraria del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre el
Sahara Occidental hecho público esa misma fecha. El TIJ, si bien reconocía la
existencia de vínculos jurídicos de «fidelidad» entre el Sultán de Marruecos y
ciertas tribus en el territorio del Sahara Occidental en el pasado, declaraba,
no obstante, en términos inequívocos que no existía ningún vínculo de soberanía
territorial de Marruecos o del conjunto mauritano y el territorio del Sahara
Occidental. En consecuencia, concluía el Tribunal en el párrafo 162 de su
dictamen que la Resolución
de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 1514 (XV) de 1960 sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales era de
aplicación a la descolonización del Sahara Occidental y en particular añadía
«el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la
voluntad de las poblaciones del territorio».
El Consejo
de Seguridad convocado a
instancias del Gobierno español ante la gravedad de la situación creada por la
marcha verde aprobó tres Resoluciones: la 377 (1975), de 22 de Octubre; la 379
(1975), de 2 de Noviembre, y la 380 (1975) de 6 de Noviembre, esta última el
mismo día que se iniciaba la citada marcha. En esta Resolución, por unanimidad,
el Consejo de Seguridad deploraba la realización de la marcha y solicitaba la inmediata retirada de todos los participantes. Todo fue inútil. La marcha
verde traspasó ese mismo día la frontera del territorio no autónomo del Sahara
Occidental administrado por España en violación flagrante de la legalidad
internacional de la descolonización.
El 14 de Noviembre de 1975, el Gobierno español,
presidido por Arias
Navarro, mientras el general Franco agonizaba, cedió
a la presión marroquí y tras una serie de negociaciones en Agadir y Madrid
firmó una «declaración de principios» en la que se instituía una Administración temporal en el Sahara Occidental en la que
participarían Marruecos y
Mauritania y a la cual
serían transmitidos las responsabilidades y poderes que España tenía sobre
dicho territorio en su calidad de Potencia administradora.
Con esta decisión unilateral española de dudosa legalidad,
puesto que excluía el reconocimiento del derecho de autodeterminación de la
población saharaui que acababa de ser confirmado por el TIJ, se «maquillaba» la
partición del Sahara Occidental y se consumaba el abandono de la población saharaui
a su suerte en manos de Marruecos y Mauritania. El 26 de Febrero de 1976 España
se retiró de la
Administración temporal antes citada, dando por terminada su
presencia civil y militar en el territorio.
Las trágicas consecuencias de esta decisión unilateral son de conocimiento general. Una
guerra de 15 años de duración hasta el alto el fuego de 6 de Septiembre de 1991
entre Marruecos y el Frente Polisario, miles de muertos y desaparecidos,
millones de dólares enterrados inútilmente en las arenas del desierto, un muro
de 2000 kilómetros
minado a ambos lados que divide el territorio de Norte a Sur, el exilio y la
persecución de una gran mayoría de la población autóctona saharaui y la
inestabilidad y el bloqueo político de todo el Magreb. Treinta años después el
conflicto sigue vivo y la solución política que se propone por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, conocida como el Plan de Paz Baker II,
sigue estancada.
las relaciones entre España y Marruecos y el futuro del Magreb dependerán en gran medida de que
España asuma, de una vez por todas, la responsabilidad que le corresponde como
el país democrático occidental y europeo con mayores intereses nacionales en
esa región africana vecina de la que, no lo olvidemos, geográfica y
estratégicamente forma parte".
Diego Salvador